El gobierno brasileño se va a poner serio con los ISPs que prometen unas velocidades de acceso y luego ofrecen otras mucho menores a sus clientes. Según ha explicado su presidenta, Dilma Rousseff, en muchos casos los consumidores reciben sólo el 10% de la velocidad contratada, algo que va a empezar a cambiar desde el próximo mes.
A partir de octubre los operadores tendrán que ofrecer, en media, el 60% de la velocidad contratada y como mínimo deberán garantizar un 20% de la velocidad en cualquier momento, incluso en los de mayor saturación.
En 2014 esta velocidad media tendrá que ser como mínimo del 80%, cifra que coincide con la propuesta en España por Miguel Sebastián, ex Ministro de Industria, en 2008, pero que finalmente nunca llegó a llevarse a cabo, salvo en contadas excepciones.
Además, para comprobar que estos requisitos se cumplen, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) se encargará de medir la velocidad y la estabilidad de las conexiones contratadas por los consumidores en todo el país.
¿Cómo? Pues a través de miles de clientes voluntarios con equipos suministrados por la entidad estatal. Los datos recogidos serán publicados mensualmente por el regulador y servirán para evaluar si las empresas están cumpliendo con los objetivos de calidad establecidos. En caso de incumplimiento, el organismo podrá establecer plazos para resolver el problema, imponer multas o incluso expulsar del mercado a los defraudadores.
¿Os imagináis una medida así en España? ¿Sería factible crear un conjunto nacional de equipos que midan la velocidad instantánea y media alcanzadas, que la registren e informen al Gobierno de los incumplimientos de contrato para que éste imponga sanciones a las operadoras?
Via | xatakaon
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